La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la denuncia presentada por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha) y Earthjustice en representación de un grupo de 65 personas de la ciudad de La Oroya. Esos organismos reclaman que hay inacción del Estado Peruano ante la contaminación de Doe Run Perú a esta población desde 1997. Según la justificación, el Estado Peruano ha incurrido en el incumplimiento de normas en materia ambiental y de salud, y en la falta de supervisión y fiscalización de la empresa que opera la metalúrgica.