La comunidad de Tumba, en Áncash; el centro poblado de Huambocancha, en Cajamarca; y la provincia de Huaytará, en Huancavelica, son ejemplos claro de que el diálogo es el camino más seguro para resolver conflictos. En julio se solucionaron las controversias que había entre los habitantes de esos pueblos y las empresas mineras y petroleras que operan dentro de su jurisdicción. Así, la comunidad obtuvo lo que pedía y los privados avanzaron sus trabajos.Sin embargo, los finales felices para los conflictos sociales escasean, según da cuenta la Defensoría del Pueblo en su último informe brindado ayer a la prensa.De acuerdo al estudio de la defensoría, en julio se presentaron 272 conflictos sociales, de los cuales 223 se encuentran activos (82%) y 49 en estado latente (18%). Durante el mes se registraron además 5 casos nuevos y 2 casos reactivados. Además, 104 conflictos se encuentran en proceso de diálogo y solo se han resuelto tres, justamente son los que citamos al inicio de esta nota.Los conflictos sociales más comunes, según la defensoría, tienen que ver con problemas socioambientales (125). De estos, el 70% (87 casos) corresponde a conflictos por actividades mineras, el 10% (12 casos) está relacionado con el sector hidrocarburos, el 8% (10 casos) está referido a residuos sólidos y saneamiento, el 5% (6 casos) a recursos energéticos, el 2% (3 casos) está relacionado con recursos hídricos, otro 2% (3 casos) es por la instalación de antenas de telefonía celular y 1% (1 caso) tiene que ver con tala ilegal en una zona de reserva.(Edición domingo).