Está bien que prosiga el crecimiento macroeconómico, pero eso no implica que cerremos los ojos ante acuciantes problemas y necesidades. Hay que aprovechar dicho escenario para mejorar no solo los índices de empleo y poder adquisitivo de las grandes mayorías, sino también la estructura y manejo del aparato estatal que siguen siendo deficitarios. Así, el más reciente informe del Banco Mundial sobre gobernabilidad nos ubica en un rezagado lugar en el contexto latinoamericano. En lo que se refiere a estabilidad política y control de la corrupción no hemos progresado como se debiera, y en cuanto a eficacia gubernamental solo estamos apenas por encima de Bolivia, Venezuela y Paraguay. Queda, pues, mucho por hacer para encauzarnos definitivamente en el camino hacia la estabilidad y el desarrollo. Por lo mismo, hay que pasar del diagnóstico a la definición de responsabilidades --principalmente del Gobierno y la clase política-- para tomar medidas concretas de cambio y corrección. En tal sentido, tiene que evaluarse la escasa autocrítica con que la Presidencia del Consejo de Ministros presentó los avances de la denominada Hoja de Ruta. Por su parte, los partidos políticos y el Congreso, al igual que el Poder Judicial, deben preguntarse qué tienen que hacer para reducir los altos niveles de ruido político que alientan la decepción con el sistema democrático, así como la inestabilidad y la inseguridad jurídica. En el manejo estatal, es evidente que sus falencias --corroboradas por una institución imparcial como el Banco Mundial-- hacen más urgente el relanzamiento de la postergada reforma del Estado. Necesitamos consenso y voluntad política para contar con un Estado más pequeño y eficiente, alejado de actividades en las que es probadamente ineficiente, y que regule y deje trabajar al sector privado. Seguir como estamos, con un aparato estatal distorsionado y burocrático, resulta oneroso, empobrecedor y corruptor.