Esta semana, por enésima vez, fuimos testigos de las maniobras dilatorias de Doe Run para evitar cumplir sus compromisos con el Estado, sus acreedores privados y la población de La Oroya. Más que una vía institucional, su apurada declaración de insolvencia ante el Indecopi refleja una voluntad continuada de no pagar sus deudas. Quizá por eso, y ante la desesperación del Gobierno por resolver semejante lío minero, ha circulado la versión de que el Estado está en condiciones e interesado en convertir la deuda que le tiene Doe Run por el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) en deuda concreta para constituirse ante el Indecopi como principal acreedor, y de algún modo poder manejar la empresa que actualmente se encuentra paralizada. Y lo que puede sonar a salida política, en realidad terminaría siendo una señal de desbocamiento gubernamental. En la práctica, le estarían dando la justificación que necesita Ira Rennert (propietario de Doe Run) para demandar al Perú ante las cortes internacionales. Ahora que el tema está en Indecopi, se espera que este actúe con celeridad, apego a la norma y prevenido ante futuras leguleyadas.