La solución está en manos del gobierno. Los trabajadores, organizaciones sociales y autoridades de La Oroya, donde opera el complejo metalúrgico administrado por la discutida firma Doe Run, coincidieron ayer en que, ante la declaratoria en insolvencia por parte de la minera, la solución frente a este conflicto, que podría significar la pérdida de miles de puestos de trabajo, reside en el Ejecutivo, por tratarse de una decisión política.Al respecto, el titular de la región Junín, Vladimiro Huaroc, manifestó que por ello hace unos días viene gestionando concretar una reunión entre los representantes de los trabajadores de la compañía metalúrgica y el presidente Alan García, para tratar directamente con él la problemática ambiental y laboral que ha generado esta situación en la zona.Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Doe Run, Roiberto Guzmán, indicó que están a la espera que el Ejecutivo se preocupe por la situación laboral que ha generado la declaratoria en insolvencia de la empresa.