Las organizaciones integrantes de la Red Muqui consideran necesario que el Estado asuma el rol que le corresponde y exija la incorporación del PAMA como una responsabilidad económica de la empresa, pues se trata de una obligación contraída por DRP que sería imposible de cumplir debido al corto plazo que hay para su vencimiento (31 de octubre del 2009).Asimismo, señalaron que el Estado debería convertirse en uno de los accionistas mayoritarios de la Junta de Acreedores, con lo que se garantizaría que el cumplimiento del PAMA sea una prioridad para la futura administración.