El gobierno tiene la sartén por el mango en el caso Doe Run Perú. Y es que el reiterado incumplimiento del Programa de Adecuación Ambiental (PAMA) por la empresa es un hecho que le da el poder para decidir la suerte en la reestructuración de la compañía metalúrgica en beneficio de esa zona del país y del cuidado del medio ambiente.La sorpresiva decisión de Doe Run Perú (DRP) de acudir a un proceso concursal en el Indecopi le da las armas al gobierno para que la balanza se incline hacia el Estado.Según los expertos, el Estado manda en Doe Run debido a que en el marco de un proceso concursal tiene la mayoría de las acreencias. Ello porque el PAMA, cuya deuda asciende a US$ 155 millones, tiene un peso gravitante en la reestructuración de la empresa minera.