CÓDIGO DE CONSUMO, SÍ, PERO CON "DIENTES"
4 de agosto de 2009

En toda economía libre de mercado es necesario contar con un código que defienda al consumidor, particularmente cuando las imperfecciones del mercado no son pocas, como es el caso peruano. Por ello es positivo el anuncio del presidente Alan García, de que el próximo mes presentará al Congreso un proyecto de código de consumo, el cual viene siendo elaborado por el Colegio de Abogados de Lima (CAL).Si bien los planteamientos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) también serán incluidos en dicho proyecto de ley, según ha asegurado el presidente de este instituto, Jaime Thorne, preocupa que ambas entidades no estén trabajando juntas en este propósito. Además, el presidente del CAL, Walter Gutiérrez, ha puesto en tela de juicio la capacidad del Indecopi al denunciar que en el Perú el consumidor no tiene defensa porque el 98% de conflictos vinculados al consumo no se resuelven. Por ello ha propuesto que, además del código de consumo, se creen verdaderas instituciones de protección al consumidor de una manera mucho más eficiente y descentralizada. Consideramos que, en lugar de dispersar los esfuerzos en la defensa del consumidor, estos deben concentrarse en una sola entidad (descentralizada pero una sola) y no como ahora que, en lo que se refiere a servicios públicos y servicios financieros, los usuarios tienen que hacer sus reclamos ante los entes reguladores o superintendencias respectivas. De otro lado, el código no debe ser genérico sino más bien muy específico, donde los derechos del consumidor sean defendidos en realidad. También está el tema de los procedimientos a seguir para las denuncias, investigaciones, resoluciones y sanciones. Estos no deberían ser engorrosos y largos como ahora, sino sumarios y expeditos. Tampoco se debe olvidar que por más códigos y normas perfectas que se aprueben, de nada sirven si no son efectivas. Y ello depende de por lo menos tres factores: presupuestos y recursos humanos óptimos; lucha a fondo contra la corrupción (de funcionarios y de los que corrompen); y, drásticas sanciones que se ejecuten, tanto para las empresas infractoras del código como para los corruptos, a fin de que tengan carácter disuasivo.

  • [Gestión,Pág. 30]
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