Hasta el momento la Defensoría del Pueblo tiene identificados más de veinte conflictos sociales en Cajamarca que involucran a los gobiernos locales, y cinco de ellos a empresas mineras, lo que representa una constante preocupación, indicó el titular de la oficina descentralizada de esa ciudad, Agustín Moreno Díaz.Asimismo reconoció que existen empresas mineras que sí tienen interés en mejorar sus relaciones con las comunidades de las áreas de influencia de sus operaciones, así como que hay otras que carecen de interés alguno, las que prefirió no señalar."No solo en los conflictos ambientales hay desenlaces violentos, pero cuando existe un buen manejo se puede contribuir a la gobernabilidad democrática, a la paz social, atendiendo los reclamos de la población", precisó.(Edición domingo).