Luego de terminado el informe referido al cambio de origen de un embarque de petróleo que en 2001 ocasionó que el Estado pagara US$260,774 de más, la Contraloría General de la República ordenó a su procurador iniciar las acciones legales contra un funcionario de la Unidad Operativa MEXT de la petrolera estatal, por la presunta comisión del delito de colusión desleal. Según la Contraloría, se determinó que Petroperú había aceptado que la empresa proveedora Projector S.A. cambiara el lugar de origen de un cargamento de diesel 2 adquirido por la empresa estatal, hecho que ocasionó una alteración en el precio final que favoreció al proveedor. Cabe recordar que el año 2003, Petroperú ya había sido investigada por presuntas irregularidades en el comercio de kerosene y diesel 2 por más de US$119 millones, negocio en el cual la única favorecida era la empresa Projector S.A., vinculada con el empresario chileno Emilio Rojas.