El presidente Alan García reiteró en su discurso por Fiestas Patrias que su gobierno continuará defendiendo el orden democrático en el país, y dedicó gran parte de su presentación ante el Congreso, a enumerar los logros obtenidos y las metas que deben alcanzarse para que el Perú llegue al año 2021 convertido en una democracia del Primer Mundo.Es imposible negar que el mandatario esté lleno de buenas intenciones y que esté dispuesto a dejar un buen recuerdo de su segunda gestión. Lo que se percibe que falta para que sus palabras se transformen en realidades, es un plan de gobierno que entrelace las acciones que las entidades del Estado llevan a cabo. Por ejemplo, de nada sirve transferir el 70% de los recursos fiscales a los gobiernos regionales y municipales -y criticarlos porque no saben gastarlos- sin ofrecerles asesoría ni capacitación. El Perú es una República unitaria y, por tanto, es responsabilidad del gobierno central asegurarse de que los departamentos puedan ejecutar sus presupuestos bajo los mismos parámetros. La implementación de los llamados "núcleos ejecutores" de obras menores a los S/. 500 mil podría generar empleo temporal, pero no solucionará el inmenso problema que significa no saber cómo gastar eficientemente.La iniciativa privada no ocupó un lugar muy amplio en el discurso. De hecho, el reciente anuncio del Ministerio de Economía de liderar la mejora de la competitividad del Perú no fue mencionado por el presidente. Un factor que limita al país en ese campo es la educación, y si bien se mencionó la evaluación de profesores y alumnos de colegios públicos, la inversión en ciencia y tecnología, es decir, la educación superior, estuvo ausente. Pareciera como si en el Gobierno todavía se piensa que el país necesita mano de obra, cuando lo que hace falta es capital humano adecuadamente preparado.Un anuncio que podría fortalecer el todavía débil poder del consumidor peruano es la próxima promulgación del Código del Consumidor. No obstante, su implementación podría toparse con el obstáculo que siguen enfrentando las entidades estatales: la falta de recursos humanos y logísticos. Las demoras y postergaciones son otra debilidad del Gobierno; los casos son numerosos, como la renegociación del contrato para comercializar el gas de Camisea.Quedan dos años para que la lista de tareas pendientes comience a reducirse, de modo que ya no puede perderse más tiempo.
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