Una propuesta improvisada e inviable. Así se podría resumir el anuncio del presidente Alan García de "aplicar a corrompidos y corruptores el nuevo Código Procesal Penal y recluirlos en la colonia penal que estamos construyendo en la selva". Las idas y venidas del ministro de Justicia, Aurelio Pastor -quien contradijo al mandatario al negar la construcción del penal para, horas después, afirmar que el proyecto está en evaluación-, reveló no solo la poca coordinación que habría existido entre el jefe de Estado y el titular del sector. Ello hace suponer, además, que la propuesta tampoco habría sido vista en el Consejo de Ministros, por lo que el presidente se habría apartado del artículo 118 de la Constitución, que señala que "los mensajes del presidente son aprobados por el Consejo de Ministros". Porque, si el discurso fue discutido, ¿cómo se justifica el desconocimiento del ministro Pastor?