Los empresarios chilenos no se quedarían con los brazos cruzados ante la restricción que el Congreso peruano aplicaría a sus capitales. Analistas jurídicos de ese país ya hablan de que este proyecto de ley podría desencadenar acciones legales por parte del Gobierno y del sector privado. Según el Diario Financiero de Chile, la querella judicial podría iniciarse al amparo de dos convenios bilaterales suscritos entre Chile y el Perú: el Acuerdo de Complementación Económica N° 38 (vigente desde el 1 de julio de 1998) y el Sistema de Promoción y Protección de las Inversiones (que rige desde agosto de 2001). El primer tratado refiere que "los países signatarios (Chile y el Perú), dentro de sus respectivas legislaciones, otorgarán un tratamiento nacional a las inversiones del otro país". El segundo pacto refiere que "este trato no será menos favorable que aquel otorgado por cada parte contratante a las inversiones de su propio inversionista".
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- [Correo,Pág. 12] /