La Defensoría habla de inequidad en la repartición de recursos. Se reconocen avances en la responsabilidad social. Desde el Ejecutivo consideran que hay acuerdos que muchas compañías no cumplen con la población. Para entender esta historia, empecemos por dos cifras. En enero del 2006, la Defensoría del Pueblo registró 13 conflictos socioambientales. En su reporte de junio de este año se consignaron 128. Aquí hay un problema: el crecimiento. Ataques a empresas mineras o petroleras son comunes en paros y protestas, y parte de esta historia se repite mes a mes, aunque con nuevos protagonistas. En enero del 2006, el mismo informe de la Defensoría hablaba de 15 compañías involucradas en conflictos sociales. Hoy ya van 70.En agosto del 2006, a escasos días de iniciar su gobierno, Alan García debió enfrentar su primer conflicto. ¿Los actores? Miembros de la comunidad de Combayo (Cajamarca), así como la minera Yanacocha. ¿El guión? El mismo de siempre: la población acusó a la compañía de contaminación de las aguas. ¿El final? Firma de acta con presencia de ministros. Un dato más: en este momento hay 43 mesas de diálogo en que participan empresas, a propósito de conflictos con la población.Una investigación presentada bajo el nombre de Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, refiere que las poblaciones afectadas por la minería tienen cada vez menos acceso a los canales institucionales de reclamo.A esto se le debe sumar que hay más de 38 empresas mineras involucradas en los conflictos.
- [Gestión,Pág. 16-17] /