Pese a que los ojos de la opinión pública están fijos en los problemas que se viene suscitando en minera Doe Run, éste es solo uno de los muchos conflictos que actualmente se viene suscitando en este rubro. Y es que la falta de transparencia en la entrega de concesiones y la nula disposición del Estado para fiscalizar a las empresas mineras y para servir como mediador en los conflictos sociales, ha determinado que la cifra de los mismos en este sector se ha seguido incrementando. Al respecto, un informe de la organización Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) reveló que el país en junio registró 273 conflictos sociales, de los cuales un 83% continúan activos y concentrados mayoritariamente en temas sociombientales vinculados a la actividad minera. "Considerando que en junio del año pasado el informe de la Defensoría del Pueblo reportaba 132 conflictos, vemos que estamos lejos de encontrar canales de solución en los que se logren acuerdos equitativos entre poblaciones y empresas mineras", apunta el informe.