Mientras hoy el consejo directivo del Congreso decidiría si el cuestionado informe del caso de las firmas falsas de País Posible, hoy Perú Posible (PP), vuelve a su grupo de trabajo o pasa al pleno para su debate y eventual aprobación legal, el juez que lleva el caso, Saúl Peña Farfán, evalúa si son públicos o privados los planillones de adherentes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los mismos que la agrupación oficialista utilizara para su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. Como se sabe, según los congresistas Édgar Villanueva (PA), Xavier Barrón (UN) y Víctor Velarde (Apra), Alejandro Toledo es coautor de falsificación de documentos y asociación ilícita para delinquir, por lo que en caso de lograr que el tema se debata en el Pleno del Congreso pedirán que la fiscal Nelly Calderón denuncie constitucionalmente al mandatario por estos delitos. No obstante, según fuentes del Ministerio Público, Calderón no podría denunciar a Toledo ante el Poder Judicial porque los delitos de los que se lo acusa no se cometieron durante el ejercicio de su función presidencial. Si la falsificación de firmas se llevó a cabo entre 1997 y 1998, pues ocurrió cuando Toledo era solo un candidato presidencial.