Definido el nuevo Gabinete Ministerial -el tercero en lo que va de la administración aprista-, la opinión pública ha tomado nota de la aspiración expresada por el presidente de la República de que este Consejo de Ministros sea el último, es decir, que lo acompañe en el tramo final de su gobierno. Sin embargo, el cumplimiento de esta meta depende de muchos factores, empezando por la priorización de los asuntos que este régimen puede y debe cumplir hasta el término de su mandato.Este es en realidad el primer reto del actual equipo ministerial que integrado como está, principalmente por miembros del Apra, tiene hoy más que nunca la enorme responsabilidad de demostrar que puede asumir el desafío señalado por García el día de su juramentación: instaurar el orden y reducir la exclusión social que golpea a un importante sector de peruanos.Y, para ello, es medular que el Gobierno evalúe lo hecho en el período 2006-2009 y, luego, planifique de manera prudente y realista qué acciones puede realizar hasta el 2011, cómo las puede concretar y con base en qué recursos. Sería nefasto sobredimensionar las promesas o alentar falsas expectativas considerando que si bien quedan dos años por delante, en realidad, solo uno es de gestión efectiva.La sistematización de la agenda gubernamental es urgente, pero requiere voluntad política. Y el país tiene derecho a conocerla, por ejemplo, en el mensaje por Fiestas Patrias que dirigirá el presidente García a la nación y durante la presentación ante el Congreso que debe cumplir el Gabinete Ministerial para solicitar el voto de confianza.En principio, es claro que un tema prioritario en el siguiente año electoral será enfrentar la tensión social. Cerca de 300 conflictos, que se multiplican a razón de 10 a 15 por mes, y se resuelven solo dos o tres en el mismo período, señalan el peligroso grado de confrontación que vive el país; un clima eventualmente alentado por sectores radicales interesados, pero sustentado también en demandas sociales que deben resolverse de manera anticipada y no después de que estallen protestas.Como hemos reiterado en esta columna, esto requiere no solo establecer mecanismos de resolución de conflictos, sino garantizar que estos sean eficaces, es decir, que se sistematicen legalmente, que no generen instancias paraestatales de resolución no vinculante, y que permitan coordinar los esfuerzos de los gobiernos central, regionales y locales con la población.Además de una comunicación más fluida y de mejor calidad, es urgente que el Gobierno restablezca el principio de autoridad dentro del país, algo que debe estar basado en un diálogo fluido, la ausencia de discursos oficiales confrontacionales y, muy especialmente, una gestión sectorial eficiente y acorde con la economía social de mercado que la Constitución garantiza. Asociado a ello, otro reto del Gobierno radica en su política económica, que hoy más que nunca debe acelerar el plan contracíclico, para promover la inversión, fomentar el empleo y recuperar los niveles de recaudación; sin abandonar el desarrollo de programas sociales no contaminados por la politización. En el plano internacional, debe mantener su política de relaciones exteriores, con especial énfasis en los temas derivados de la defensa de los intereses del Perú en el diferendo marítimo del sur, sin descuidar las políticas de integración con Chile y el resto de países de la región. Del mismo modo, responder como se ha venido haciendo a los afanes intervencionistas de países como Bolivia, Venezuela y otras naciones.Prueba de que es necesario difundir más activamente la posición de la cancillería ante las campañas mal intencionadas contra el Perú es el último informe de Amnistía Internacional sobre el conflicto de Bagua, que si bien luego fue rectificado, expresaba inicialmente que el Gobierno había cometido un crimen de lesa humanidad.