La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) no solamente es un importante acreedor del sector privado sino también del propio Estado peruano. Las municipalidades distritales y provinciales adeudan al instituto recaudador S/. 1,414 millones, monto que equivale aproximadamente al 35% de la recaudación mensual, y en la lista de morosos figuran gobiernos locales que no son precisamente pobres como los concejos provinciales de Chiclayo y Callao, y el concejo distrital de La Victoria, en Lima.Lo curioso del caso es que el 96% de esa deuda se encuentra en cobranza coactiva, lo que significa que la Sunat podría solicitar a los bancos retener el dinero que el Fisco destina a estos municipios morosos, una medida que hasta ahora no ha sido adoptada, quizá para evitar reclamos y protestas. Sin embargo, lo que la Sunat y también el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) están obligados a entender es que ese dinero es hoy más necesario que antes, teniendo en cuenta que la recaudación tributaria registró en junio su sexto mes consecutivo de contracción.No obstante, muchos municipios deudores no tienen capacidad de generar recursos propios pues se ubican en zonas pobres y su única fuente de ingresos es el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), que se alimenta de la recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV), que a su vez está cayendo. Se ha creado entonces un círculo vicioso y para revertirlo se requerirá que el MEF revise el mecanismo de transferencias a los municipios con menos recursos, en tanto que en los que no tienen ese problema, impulse mejoras en la gestión tributaria municipal. La Sunat podría jugar un papel relevante transmitiendo su know-how y capacitando a las áreas recaudadoras de gobiernos locales y también regionales. Pero lo que no debe permitirse es que esa deuda siga creciendo pues no solo se afectaría la ya alicaída recaudación sino que se crearía un precedente negativo.La obligación de pagar tributos debe recaer en todos y cualquier argumento que abogue por tratamientos especiales tiene que descartarse -por ejemplo, el liberar de embargos a los clubes de fútbol Universitario y Alianza Lima porque "son del pueblo", como ha señalado el premier Yehude Simon.
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