La decisión del Gobierno de suspender mediante decreto de urgencia la entrega de la concesión de la Planta de Tratamiento Taboada a la española ACS que ganó la licitación, traería problemas, tanto internos como externos. En primer lugar, habría provocado la renuncia ante el ministro de Economía, Luis Carranza, de la directora de Pro Inversión, Cayetana Aljovín, y de su equipo, acusado en ese decreto de llevar a cabo una licitación llena de errores. Además, pone en duda la credibilidad del sistema de promoción de la inversión. ¿Se podrá confiar en los procesos de promoción que aún están en agenda? Además, el Perú debe irse buscando buenos abogados para defenderse en cuanto escenario arbitral y judicial quiera llevarlo la empresa afectada. Como la justicia debe ser predecible, es casi seguro que el Perú termine perdiendo, y no solo millones de dólares.
- [El Comercio,Pág. 4 Día 1] /