Se está haciendo costumbre en nuestro país que en cada conflicto social se incluyan demandas contra los daños que percibe (o cree) la población son generados por la actividad minera. Según la información del Ingemmet, las concesiones otorgadas en este sector abarcan el 14% del territorio nacional (aunque hay regiones donde el porcentaje mayor y llega a superar el 50%) pero solo se está explotando el 0.56% de estas. Más allá del tamaño territorio concesionado lo que debe preocupar es el impacto ambiental de esta actividad. Y en ello, no ha habido una adecuada comunicación hacia la población, ni un manejo óptimo, de parte del Gobierno. El mayor daño ambiental proviene de la minería informal (hay 120 mil personas que se dedican a esta actividad, solo en el caso del oro), sin embargo ésta no es fiscalizada, en tanto que las grandes y medianas empresas cumplen, con excepción de algunas, con las normas establecidas.De otro lado, si bien el Gobierno modificó la ley de formalización y promoción de la pequeña minería y minería artesanal a fin de evitar que grandes empresas se acojan a los beneficios de la pequeña minería, hace poco suspendió la medida para mantener el diálogo con la federación de mineros artesanales, que amenazaba con un paro indefinido. Más grave aún, ha causado mucha preocupación en el empresariado minero que, para poner fin a las paralizaciones en Apurímac, el premier Simon haya firmado un acta en la que aceptó que solo se otorgarán concesiones mineras si las comunidades están de acuerdo.Si se une el hecho de que los conflictos sociales que incluyen demandas contra concesiones mineras o petroleras se están agudizando en número e intensidad, y que el Gobierno está dando muestras de ceder ante la presión popular, el impacto afuera puede alejar el interés de los inversionistas. No hay que olvidar que el Perú es un país minero y que esta actividad contribuye al crecimiento. Pero las empresas también deben comprender que el medio ambiente es importante para el desarrollo y bienestar de las personas.Un buen sistema de comunicación para contrarrestar la labor de las ONG antimineras y canales oportunos para que los representantes políticos, civiles y empresariales de cada región participen en los planes de desarrollo energético del país puede ser de gran ayuda.
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