Nuevamente, las concesiones mineras vuelven a ser un tema de debate en el país, luego de que entre las exigencias al Gobierno por parte de los campesinos de Apurímac, Cusco y Puno se pidiera la eliminación de estos derechos adquiridos por inversionistas privados para explorar y explotar recursos minerales en sus regiones.Según Ingemmet, actualmente, el 14% del territorio ha sido concesionado para la actividad minera, pero solo se está explotando el 0.56% y apenas el 0.67% está en exploración. Es decir, que casi el 12% del territorio nacional en concesión aún no ha sido explorado.Esta situación preocupa a los inversionistas y se presenta en un momento en que, impactado por la crisis internacional, las solicitudes de concesiones mineras cayeron un 48% en los cinco primeros meses, pasando de 4,839 pedidos entre enero y mayo del 2008 a 2,516 en similar período de este año.La incertidumbre en el gremio empresarial minero no se dejó esperar, sobre todo preocupados por las acciones del Gobierno, pues para poner fin a las paralizaciones en Apurimac, el primer Ministro, Yehude Simon, firmó un acta en la que aceptó que solo se otorgarán concesiones mineras si las comunidades están de acuerdo."Si esta acta va a ser leída como un derecho a veto por parte de la población, definitivamente tendremos problemas porque en esa región (Apurímac) no se podrán hacer actividades de minería. Y probablemente no se pueda realizar ninguna otra actividad económica, y esto va a contagiarse por todo el resto del país", afirmó el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Hans Flury.
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