Pese a que el pasado miércoles el facilitador del diálogo en el problema de Doe Run, el congresista Jorge del Castillo, señaló que estaba satisfecho con el feliz resultado (el cese del paro en La Oroya) de las conversaciones, el problema de fondo aún no se ha resuelto. Según Del Castillo, los trabajadores habían aceptado ir ayer al Poder Judicial para solicitar que un juez dictara a su favor una medida cautelar que les permitiera asumir la administración judicial de la empresa, para salvaguardar sus puestos de trabajo y sus beneficios laborales.Sin embargo, entre el miércoles y el jueves, representantes de Doe Run Perú han intentado convencer a los representantes de los cuatro sindicatos de no ir al Poder Judicial, porque, según la empresa, terminarían perjudicándose ellos mismos, al asumir deudas (por encima de los US$220 millones) que no les corresponden. Ayer, Juan Carlos Huyhua, gerente general de Doe Run Perú, convocó una conferencia de prensa en la que participaron los trabajadores. En ella sostuvo que la empresa no estaba quebrada, como lo señaló Del Castillo. Roque Benavides señaló que ante la falta de decisión de los trabajadores, los acreedores podrían solicitar la administración judicial ante un juez o acercarse a Indecopi: "Nosotros no somos administradores de una fundición, pero este problema está desde febrero y otra vez se volvió a cero. Tenemos que hacer algo. El Gobierno no ha resuelto nada", expresó Benavides.