Agotados todos los esfuerzos para que Doe Run Perú (DRP) asuma un compromiso serio y así reflotar el complejo metalúrgico de La Oroya, y ante el inminente peligro de cierre, los trabajadores acordaron solicitar la administración judicial de la fundición.Tras descartar dos opciones, los dirigentes de los cuatro sindicatos de DRP consideraron que lo mejor para garantizar su estabilidad laboral y la viabilidad del complejo metalúrgico era presentar una medida cautelar a fin de obtener la administración de la empresa."Ante la intransigencia (de DRP) dijimos ‘muy bien, hasta acá nomás. Vamos a buscar otras alternativas porque con ustedes no va’. La empresa es perniciosa para el funcionamiento del complejo que es el alma laboral de La Oroya", afirmó el legislador Jorge Del Castillo, quien actúa como facilitador a pedido de los trabajadores.