La comisión investigadora del supuesto fraude de firmas de los grupos políticos formalizó ayer la entrega de su informe final a la Mesa Directiva del Parlamento, sin embargo su validez se torna aún incierta debido a los problemas reglamentarios para su aprobación. Solicita al pleno del Congreso entablar un juicio político contra el premier Carlos Ferrero, el titular de Transportes y Comunicaciones, José Ortiz, y el ex ministro del Interior Javier Reátegui. Ellos habrían incurrido en infracción constitucional tras promover la irregular salida del país de la testigo del caso, Carmen Burga, por lo que les cabría responsabilidad política. No obstante estas conclusiones, la aprobación de dicho informe todavía es discutible porque -según aclaró el oficial mayor del Congreso, José Elice- no se ha podido determinar si existió o no quórum durante la sesión en que se debatió el citado texto. Por eso, el informe será elevado al Consejo Directivo, instancia que determinará el procedimiento a seguir. Si aquí no sale humo blanco, podría ser trasladado al seno de la Comisión de Constitución.
- [Correo,Pág. 5] /
- [La Razón,Pág. 2] /
- [Gestión,Pág. 6] /
- [Diario Uno,Pág. 3] /