Ante el sistemático incumplimiento de Doe Run Perú de acuerdos pactados con el Estado, así como su prolongado desconocimiento de compromisos con sus acreedores y una burla suprema de todo un pueblo que vive de la actividad minera, tenía que producirse una medida tan extrema pero vital para cortar de tajo este nudo gordiano generado en La Oroya.Esta empresa, de capital estadounidense, se ha descalificado a sí misma para continuar operando en nuestro país, tanto por la contaminación de la sierra central como por pretender evadir sus compromisos con las leyes nacionales. Si bien nuestro país es receptivo de capitales, tanto nacionales como foráneos, no puede admitir este tipo de tropelías empresariales.Ahora bien, frente a este diagnóstico, que además generaba un drama social en un punto neurálgico del país, la solución planteada para que la administración de la empresa pase a manos de los trabajadores puede resultar atípica, pero se presenta como una medida temporal ante una situación excepcional. El paso que sigue, consideramos, debe ser el estricto cumplimiento de la ley y de nuestra Constitución.Para empezar, el traspaso para la administración de los trabajadores tiene que estar amparado por medidas complementarias que legitimen esta decisión. Un punto crucial es que se desarrolle de forma transparente y respetando los procedimientos jurídicos.Toda inversión en el marco de la ley y respetando la dignidad de las personas debe ser bienvenida, pero es inaceptable que capitalistas perversos, como el propietario de Doe Run, se burlen de sus trabajadores y de la confianza que en ellos deposita el Estado Peruano.