Los organismos no gubernamentales (ONG) serían susceptibles de fiscalización por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), aparte de que el carácter público o privado de sus fondos será calificado por su origen y por el destino que se les dé en nuestro país. Así lo propone un proyecto de ley aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores, que plantea modificar el artículo 3o de la Ley 27692, de creación de la APCI, para precisar que los programas o proyectos que se ejecuten en el territorio nacional, sin la participación de los órganos del Estado, serán susceptibles de fiscalización por esa institución cuando estén referidos también a temas vinculados con la educación y la salud en todos sus niveles.