Desde que asumió el cargo, en octubre del 2008, han sido varias las oportunidades en las que el ministro de Energía y Minas ha anunciado que se renegociará el contrato para la exportación de gas natural licuefactado (LNG), suscrito entre el Estado y Perú LNG, consorcio a cargo del referido proyecto (debido a que las reservas comerciales no serían suficientes). Pero no hay resultados hasta la fecha. La última vez que Sánchez reiteró este planteamiento fue la semana pasada, a raíz de conocerse oficialmente que solo existen 8.8 TCF de reservas de gas probadas (que se pueden comercializar mediante contratos a firme) en Camisea, de los cuales alrededor de 2 TCF corresponden al Lote 56, que es el que sustentará el proyecto de exportación que requiere algo más de 4 TCF. Los contratos son ley entre las partes y en un estado de derecho deben cumplirse a cabalidad, porque de lo contrario se dan pésimas señales a la inversión extranjera, que tanto costó atraer. Pero el ministro Sánchez debe precisar, con suma claridad, lo que dice la adenda que se realizó al contrato con Perú LNG, a fines del gobierno pasado, mediante la cual se comprometieron reservas de gas del Lote 88 (destinadas al mercado interno), para hacer viable el proyecto de exportación. Y, sobre la base de ello, poner fin a las negociaciones, si hubiera algo que negociar. Porque el tema no puede esperar más, no solo porque crea un ambiente de alta incertidumbre y atenta contra futuras inversiones, sino porque la situación puede agravarse cuando empiece la recuperación del crecimiento económico y vuelva a subir la demanda interna por gas, sobre todo para la generación eléctrica. Ha sido positiva la transparencia del Ministerio de Energía y Minas de hacer público el informe de certificación de las reservas de gas de Camisea, porque ello es el primer paso para la solución de los problemas y porque no cabría pensar que sea parte de una estrategia del Gobierno para ganarse la opinión pública, en el marco de la negociación que ha anunciado el ministro con Perú LNG.Esperemos que el Gobierno aproveche la oportunidad para definir, de una vez por todas, una adecuada política energética, acorde con las exigencias modernas y con las necesidades del mercado interno, y que optimice el uso de los recursos no renovables en este campo.
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