Por razones de Estado, alegó el aprismo; por inconstitucional dijeron el humalismo, Unión por el Perú, Alianza Parlamentaria y Bloque Popular, y por inconsulto a las comunidades nativas según el fujimorismo, el pleno del Congreso aprobó ayer la derogación de los controvertidos decretos legislativos 1090 y 1064.Las dos únicas bancadas políticas que se mantuvieron firmes a favor de la vigencia de estas leyes fueron Unidad Nacional y Renovación. El vocero de UN Raúl Castro alertó a sus colegas del grave precedente que representa para la institucionalidad democrática convalidar la toma de carreteras y de puentes para echarse abajo la vigencia de normas legales. A la hora de la votación -que registró 82 adhesiones a favor de la derogación, 12 en contra y ninguna abstención- se encontraba en la galería del hemiciclo una numerosa delegación de comuneros encabezada por la presidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Deysi Zapata, la cual aplaudió la decisión parlamentaria.