La Defensoría del Pueblo, que en el delicado contexto de crisis viene cumpliendo un papel destacable y esforzado, ha dado un nuevo aporte a la búsqueda de soluciones, que debe ser atendido por las partes. Así, no solo ha presentado una metodología para los procesos de diálogo, sino que, con sentido pragmático, ha alertado que no se puede dialogar bajo presión, condicionamientos o chantaje. La violencia es recusable y solo genera más violencia.Efectivamente, no queda duda de la necesidad de alentar y mantener la voluntad de diálogo para resolver conflictos y garantizar la paz social. Por contraste, la otra alternativa, la de continuar con el enfrentamiento y los brotes violentistas, como algunos quisieran, es inaceptable por principio y por los graves daños que podría seguir causando al país.Tornando al conflicto con los indígenas, la defensoría recomienda levantar toda medida de fuerza que atente contra la seguridad pública y el derecho ciudadano a la paz, tranquilidad y libre tránsito. El Gobierno, en tanto, como ya lo ha hecho, debe suspender o derogar los decretos cuestionados.Luego, hay que ser muy cuidadoso para establecer los niveles de interlocución, representatividad y legitimidad, en lo que las tribus y culturas de comunidades deben establecer sus propios mecanismos de representación ante el Estado.En cuanto al lenguaje, el diálogo debe ser alturado y sin expresiones ofensivas, para lo cual hay que instalar un clima de distensión y respeto. De allí la necesidad -otro aspecto importante- de contar con asesores en temas interculturales, mediadores y conciliadores, que en el caso presente pueden ser los miembros de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, los gobiernos regionales y locales, así como las universidades.Desde una perspectiva más amplia, y vista la cantidad de conflictos activos y latentes en el país, la Defensoría del Pueblo sugiere instalar los procesos de consulta por departamentos o por sedes microrregionales y hasta recomienda una metodología.En concreto, se recomienda empezar por una exposición sencilla y gráfica, con traducción al lenguaje de las etnias, de las materias que el Estado quiere consultar; exponer el contenido y las normas; determinar la forma de participación de cada etnia; amplio intercambio de ideas; participación de expertos para dar precisiones y nuevos alcances; relatoría de los aportes de los participantes; integración de todas las relatorías para elaborar un informe final del proceso de diálogo y consulta; y, en cada proceso en las regiones, contar con facilitadores que los conduzcan.Todas estas recomendaciones, fruto de una profunda preocupación y de una experiencia de varios años de la Defensoría del Pueblo, tendrán que ser aprovechadas y, por lo pronto, convertirse en un manual de trabajo para la Unidad de Prevención de Conflictos de la PCM. Como telón de fondo, no debe perderse de vista la estructura del Estado, con sus poderes públicos establecidos, sus autoridades y su ordenamiento legal, que no pueden ser soslayados. El país no soporta más desorden e inestabilidad, por lo que demanda diálogo y rechaza la violencia para poder recuperar el orden y restablecer la autoridad y la paz social.