Cifras recientemente publicadas por el BCR revelan tres aspectos interesantes ligados a la actual inoperancia del Programa de Estímulo Económico (PEE). El primero, es que actualmente no solo la demanda interna denota menor dinámica que la del PBI, sino, lo más grave, es que esta última decrece en casi 1% pese a la aplicación del programa. Debe entenderse que para que el PEE tenga éxito, la demanda interna tiene que ser motivada de manera tal que crezca igual o más que el mismo PBI. De lo contrario el efecto arrastre de la política fiscal será insuficiente y poco efectivo.Lo segundo que se observa es que la inversión privada, durante los primeros meses del presente año, prácticamente se ha licuado. De una expansión de 20% para los tres primeros meses del año pasado, esta se ha contraído a un ritmo de 1.8% (esto independientemente del efecto inventarios). Cosa crítica porque esta variable es equivalente a más del 22% del PBI y todo esto contrasta sustancialmente con los argumentos ligados al supuesto blindaje de nuestra economía. En ese contexto, la urgencia de las medidas fue subestimada.Un tercer elemento a considerar y, quizás, el más contundente, es que la inversión pública durante los primeros meses del año ha crecido solo 22%. La justificación aparente a esta lentitud se ha circunscrito a lo supuestamente engorroso de los procedimientos y políticas ligadas al desembolso de la inversión pública. Sin embargo, ello no es del todo cierto dado que durante los primeros meses del año pasado la inversión pública creció 69% sin necesidad de estímulo económico y con los mismos problemas burocráticos que hoy se aducen. La inversión pública creció mucho más cuando no hubo estímulo.Dado lo expresado: ¿Cómo se puede señalar que ya se hizo todo lo que se puede hacer en materia fiscal en lo que va del presente año? ¿Cómo se sostiene que lo único que falta es esperar un efecto rezago? ¿Cómo se puede esperar una reactivación contundente dado un entorno incierto en el panorama internacional? En tales circunstancias lo que se tiene que hacer, urgentemente, es plantear soluciones gerenciales, inteligentes y expeditivas para dinamizar la inversión pública. Un marco legal excepcional, de emergencia y adhoc podría ser la solución. Esto difiere de la necesidad de replantear los engorrosos procedimientos que ya existen en el frente público como hasta lo hoy realizado. Es lamentable que todo esto se dé cuando el Perú demuestra que dispone de ingentes recursos fiscales y monetarios como nunca antes los tuvo. Qué lastima, qué ineficiencia, qué frustración, señala Juan José Marthans, catedrático de la Universidad de Piura.
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