Después de muchos años, todo indica que la población con trabajo se ha incrementado en Lima y provincias. Pero antes de alegrarnos por eso y porque el número de personas que anualmente ingresa al mercado laboral también ha aumentado (350.000, según las últimas estadísticas del Ministerio de Trabajo), descubrimos que no todas son buenas noticias.Como un baldazo de agua fría tenemos que reconocer que la informalidad campea a sus anchas y que nueve de cada diez personas que forman parte de esa población económicamente activa (PEA) son informales, es decir, peruanos sin seguridad social, ni jubilación ni vacaciones.La informalidad laboral sigue colocando al peruano al margen de los beneficios inherentes a todo trabajador y también al margen de la ley. Lo peor es que no hay a la vista un plan a corto o mediano plazo que permita revertir una dramática y desalentadora situación que nos resta competitividad interna y externa. ¿Cómo exigir a los peruanos respetar la ley y los derechos de los otros si el Estado no cumple con simplificar y erradicar los actuales engorrosos y costosos esquemas para, por ejemplo, constituir empresas pequeñas o medianas independientes? La otra salida tiene que ver con la promoción de la inversión nacional. Para ello se requiere menos ruido político, pero también reglas claras y menos sobrecostos que encarezcan las fuentes generadoras de empleo.