Una semana después del desborde violentista indígena de Bagua, tenemos que insistir en la urgencia de deponer las actitudes de intolerancia y radicalismo, para dar paso a un diálogo franco y realista del que pueda fluir una solución sostenible a mediano plazo.La protesta es comprensible, pero los conatos de violencia en algunas marchas son realmente lamentables, pues no ayudan a la necesaria distensión. Son igualmente reprobables los escándalos suscitados en el Congreso, donde la intemperancia del sector humalista -que convirtió el hemiciclo en una plazuela de protesta-, fue respondida con una polémica y dura medida de suspensión que no respetó escrupulosamente el debido proceso.En este contexto, corresponde al presidente Alan García asumir un auténtico liderazgo democrático, sin insistir en posturas reduccionistas, como la que evidenció ayer cuando declaró que había sido "demasiado dialogante", lo que suena irónico a los oídos de muchos. La gravedad del momento exige apertura y ponderación para conciliar posiciones en un diálogo realmente participativo, que incluya la consulta sobre temas álgidos.Entendemos la dificultad de entenderse cuando hay muertos y agravios de por medio. Pero, por lo mismo, hay que redoblar esfuerzos para deponer maximalismos y autoritarismos y pasar a la autocrítica y la negociación. Si el Gobierno falló en la estrategia política y operativa, pues debe reconocerlo para reivindicarse con un plan de difusión, comunidad por comunidad, sobre su concepción del desarrollo en la selva que compatibilice el respeto de las diferencias culturales con el orden legal del Estado.En cuanto a la oposición, sobre todo la humalista, le corresponde también hacer un mea culpa. Si ya se decidió la suspensión indefinida de los decretos, es necio insistir, aquí y ahora, en la derogación, que es lo que en la práctica se ha hecho. Hay señales positivas que marcan la ruta, como el anuncio del Tribunal Constitucional de que acogerá las demandas de inconstitucionalidad contra los decretos 1064 y 1090 y les dará trámite expeditivo. Ese es el camino, el que proveen los mecanismos del sistema democrático para asegurar el orden y la autoridad, con respeto de la ley y de los derechos de las mayorías y minorías.Ayer mismo hubo una reunión de tres ministros con varios presidentes regionales, lo que debe canalizarse hacia la mesa de diálogo en la que deben participar los legítimos representantes del Gobierno y las comunidades nativas. Sería también conveniente que estuvieran los alcaldes de las zonas conflictivas, que conocen de cerca los problemas.La Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, que sigue haciendo una labor destacada para hacer el balance final y desinflar las versiones de supuestas masacres de campesinos, pueden igualmente aportar mucho de ponderación.Hay que mantener la calma y la tregua. La gobernabilidad democrática y la paz social, que han sido afectadas arteramente en los últimos días, son objetivos mayores que tenemos que defender por encima de prejuicios, intereses politiqueros y falsos orgullos. No al autoritarismo ni a la violencia; sí al diálogo, la tolerancia y el entendimiento entre los peruanos. (Edición sábado).
- [El Comercio,Pág. A 6] /