Una comisión especial creada en el gobierno de Valentín Paniagua determinó que solo a 3,781 trabajadores, despedidos ilegalmente por el régimen fujimorista, les asistía el derecho a reclamar beneficios. El informe de dicha comisión incluye la revisión de 42,151 trabajadores de 80 empresas públicas sometidas al proceso de promoción de la inversión pública.Este es la conclusión del grupo especial creado por la Ley 27452 (mayo 2001) que revisó los ceses colectivos realizados entre los años 1991 y 2000 al amparo del D. Leg. 674. Dicha Ley fue modificada, en noviembre de 2001, por la Ley 27548 que prorrogó hasta el 31 de diciembre de ese año el plazo de entrega del informe final.