Mientras que el Poder Ejecutivo sigue postergando el valor de la Unidad Remunerativa del Sector Público (URSP), que determinará la nueva escala remunerativa de los altos funcionarios estatales, el Tribunal Constitucional (TC) confirmó ayer la vigencia de la Ley 28212 que busca ordenar el escalafón salarial del público. Fue al declarar infundada la demanda de inconstitucionalidad planteada el 30 de junio del 2004 para derogar varios artículos de esta ley por supuestamente contravenir la Carta Magna. Uno de los cuestionamientos era que la norma no fue votada dos veces por el pleno del Parlamento. Sin embargo, el TC sostuvo que no cabe ese requisito, pues no se trata de una ley orgánica. El órgano contralor de la Constitución tampoco advierte que hay razón cuando se afirma que la Ley 28212 viola la autonomía económica de los gobiernos locales al pretender fijar un tope a las remuneraciones de los alcaldes y regidores. Y es que para el TC las municipalidades sí gozan de autonomía, pero esta "no debe confundirse con autarquía o autosuficiencia, puesto que la autonomía es atribuida y limitada por el propio ordenamiento jurídico".