Los planes del Gobierno de mantener el actual modelo de extracción primaria en la selva no se detendrían bajo ningún punto de vista, incluso tras la suspensión del Decreto Legislativo 1090 por parte del Congreso. Las concesiones para extraer madera e hidrocarburos continuarían porque el Estado estaría convencido (y querría convencer a todos) de que no hay forma de desarrollar la Amazonía sin el concurso de privados. Así, proponer modelos alternativos y sostenibles de desarrollo se haría más complicado ante la consigna de privatizar.