Respecto a la crisis educativa hay dos noticias. La buena es que aún existen salidas viables para una educación de calidad. La mala es que los gobiernos, incluyendo el actual, no han hecho nada hasta hoy para comprometerse con una de ellas.¿Cuáles son esas soluciones? Según la mesa redonda organizada por El Comercio, cuyas conclusiones publicamos ayer, lo que se necesita es una reforma integral, capaz de abordar un cambio profundo en el currículo, los presupuestos, la administración y gestión educativas. La reforma implica carreras magisteriales basadas en la exigencia y la excelencia, mejoras en la gestión de la escuela, hacer eficiente el gasto y las asignaciones presupuestales, revalorar la función de los directores, medir y evaluar el rendimiento escolar y docente. Paralelamente a estas medidas, como hemos propuesto, es indispensable crear un directorio de expertos o institución con autonomía constitucional, de un nivel similar al BCR, que garantice los aspectos técnicos de la actividad educativa. La experiencia de los colegios Fe y Alegría ha demostrado que el profesorado debe ser parte de la solución de los problemas y que los presupuestos tendrían que responder a una planificación basada en las demandas y requerimientos reales de los colegios. Aun más, blindar las políticas educativas evitaría depender de los vaivenes gubernamentales (cambios de ministros) y de las burocráticas administraciones del sector.