El entusiasmo que generaba en el Gobierno el reemplazo de los combustibles fósiles por aquellos producidos con insumos agrícolas (biocombustibles) parece enfrentar ahora dudas. Si antes el Ministerio de Energía y Minas (MEM) promovía la adopción de la nueva tecnología y regulaba la adición de biodiesel en el diesel 2, por poner un ejemplo, en la actualidad está intentando eliminar la obligatoriedad para el uso de etanol en las gasolinas y dejar sin efecto la elevación del porcentaje de mezcla de diesel con biodiesel.Es cierto que en el primer mundo los biocombustibles tampoco están pasando por un buen momento, pues estudios recientes sugieren que no es tan eficiente como se creía y hay dudas acerca de que sea menos contaminante. Sin embargo, los argumentos que está utilizando el MEM no son muy convincentes, pues afirmar que la citada mezcla es más cara en un 130% que el combustible convencional no indicaría ineficiencia en su producción, sino escasez de insumos.Este viraje en la posición del MEM ha generado inquietud en las empresas del rubro, comprensiblemente, ya que fue el propio Estado el que comenzó a promover el uso de energías renovables e invitó al sector privado a invertir en su producción. El debate tiene fecha fijada para que las partes expongan sus argumentos este mes en una audiencia pública.Lo que no tiene fecha de caducidad es la ingrata costumbre de las autoridades por desandar lo andado y proporcionar argumentos débiles cuando modifican sus puntos de vista. Si se quiere construir una institucionalidad que sea estable, es inaceptable que las políticas cambien cuando se cambia al ministro de turno y, en este caso particular, la percepción que existe es que el estado peruano no posee una política energética coherente, tal como lo hemos demandado anteriormente en esta misma columna.Otro detalle que llama la atención es el apuro con el que el Gobierno está buscando modificar la regulación de los biocombustibles, mientras que temas igual de delicados, por sus efectos sobre el medio ambiente y el bienestar de las personas, como la regulación de los transgénicos, avanzan con lentitud preocupante y, lo que es peor, sin que las autoridades involucradas se pongan de acuerdo.
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