Debemos de empezar señalando que es plausible que, por fin, pueda estar considerándose seriamente dar el paso para lograr que los puertos sean entregados en concesión a operadores que los hagan más eficientes y económicos para los usuarios.Sin embargo nos parece incongruente en este mundo globalizado que algunos congresistas de la Comisión de Transportes pretendan cerrar las puertas a inversionistas de países limítrofes.¿Acaso desconocen que, según la Constitución, la inversión nacional como la extranjera son iguales ante la ley y no se puede discriminar? Si se quiere cautelar el interés nacional, lo idóneo es promover la competencia, a través de un marco legal transparente y adecuado, que pudiese incluir instrumentos legítimos, como las acciones doradas del Estado, que ya se aplicaron en otros procesos de concesión. De esta manera, el Perú podría vetar aquellas decisiones empresariales perjudiciales para el interés nacional.Lo que no puede retardarse más es la falta de inversión para mejorar la infraestructura y el equipamiento portuario. Es inconcebible que el embarque de un contenedor cueste en el Callao más del doble que en puertos vecinos privados, con lo cual todos perdemos: exportadores, importadores y el país que sigue arrastrando un lastre para su competitividad y desarrollo.