La Defensoría del Pueblo presentó al Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo 1064 por considerar que vulneraría derechos de identidad cultural, de propiedad de la tierra y de consulta previa de los pueblos indígenas, previstos en la Constitución y en el Convenio 169 de la OIT. Según nota de prensa, el decreto precisa que su objeto es "crear las condiciones necesarias para el desarrollo de la inversión privada en el sector agrario", pero la Defensoría considera que en realidad norma la modificación y afectación del régimen jurídico de las tierras nativas."El inciso 19 del artículo 2 y el artículo 89 de la Constitución prescriben una protección especial de las referidas comunidades, de acuerdo con los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Perú, así como con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y los órganos de control de la OIT2" precisó.