Hace bien el presidente Alan García en remarcar que las leyes deben cumplirse y que el orden interno debe garantizarse, al tiempo de advertir que las demandas injustificadas y amenazas de los nativos de la Amazonía están pasando al "extremo".Cualquier sector de la población, por más que sus reclamos sean justificados, tiene que utilizar canales permitidos por el ordenamiento legal vigente y no la violencia intransigente (porque han demostrado no querer el diálogo), la toma de carreteras y de bienes públicos o privados para lograr sus objetivos. Lamentablemente, la reacción del Presidente podría ser tardía y hay dudas respecto a si el imperio de la ley y el orden que ahora reclama se logrará imponer. Una respuesta contundente del Estado en el sentido que alude García Pérez debió darse desde un principio, cuando este gobierno enfrentó el ‘Moqueguazo’, sobre todo porque ya veníamos de un quinquenio en el que el principio de autoridad se había relajado bastante y ya se sabía que diversos sectores sociales venían siendo azuzados por grupos políticos extremistas, o dedicados a actividades al margen de la ley, que en el caso que nos ocupa serían aquellos que trafican madera, terrenos y el narcotráfico, según el congresista Mauricio Mulder (Apra). Además, el ‘principio de autoridad’ está en tela de juicio en nuestro país. Muchos de aquellos que deben ejercerlo claudican de su facultad, debido a las amenazas o a la falta de normas que los respalden, al punto que no hay un solo procesado por delitos de toma de carreteras o atentados contra la vida o la propiedad, producidos en los conflictos sociales de los últimos años. Incluso en el diálogo entre el Estado y los grupos levantados generalmente se acuerda el retiro de demandas contra los que realizaron esos delitos, asegurándose la impunidad.Por su parte, los ciudadanos no suelen cumplir las normas plenamente. Un ejemplo claro es el incumplimiento del reglamento de tránsito, y hay otros muchos al costado de los cuales están las coimas o sobornos para no pagar las multas por esas faltas.Restituir el principio de autoridad implica, antes que nada, predicar con el ejemplo. Si desde las altas esferas del Estado no se van a respetar las leyes y normas, la institucionalidad y el estado de derecho no existen y no se puede reclamar orden e imperio de la ley a la población.
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