La sospechosa demora del Japón para responder a las reiteradas invocaciones del Perú, en torno a la extradición de Alberto Fujimori, colmó el vaso de la paciencia no solo del procurador anticorrupción, Antonio Maldonado, sino también el de la fiscal de la Nación, Nelly Calderón.Ambos, a su manera, coincidieron en que las recientes declaraciones del embajador Yubún Narita responden a una estrategia de dilación deliberada por parte del gobierno del país del Sol Naciente, en que el nuestro ya envió documentación suficiente como para lograr la extradición del prófugo ex mandatario, y en que es evidente que lo que se está buscando es la prescripción de los delitos que se le achacan."Acá, evidentemente, hay la actitud de un estado que, por lo menos, es poco solidaria con la obligación de cooperar con los demás estados que forman parte de la ONU. Lo más grave es que no se trata solo del caso de Fujimori sino también del de Víctor Aritomi, ex embajador del Perú en Tokio", estimó Maldonado.