Si de la ciudadanía dependiera, la cuarta parte de los actuales inquilinos del Congreso ya tendría encima una sanción y el resto pensaría muy seriamente sumarse a esa legión que ha cambiado de tienda política desde el 2001 -cuando fueron elegidos- hasta hoy.Así lo refleja el estudio de opinión pública de la Universidad de Lima, según el cual el 84% de los consultados cree que el transfuguismo en el Parlamento debe recibir castigo, frente al escuálido 11% que piensa que no.