Los protagonistas en la difícil situación de Doe Run, el Gobierno, la empresa en cuestión y los proveedores mineros, siguen jugando, lentamente, sus fichas. El último movimiento lo hizo ayer el Gobierno al publicar un decreto de urgencia que modifica las condiciones para aquellas empresas que podrían entrar a un proceso de reestructuración, que podría ser el caso, precisamente, de Doe Run.La minera, propietaria de la fundición y refinería de La Oroya, mantiene deudas por más US$100 millones con sus proveedores de concentrados y de US$20 millones con otras empresas que le prestan servicios. Sin embargo, la principal deuda es con su matriz estadounidense Doe Run Resources (grupo Renco) a la cual le adeuda US$156 millones. Los acreedores de la minera estaban temerosos de que el grupo Renco solicitase la insolvencia de Doe Run Perú ante Indecopi. De acuerdo con el monto de su deuda, esto le permitiría controlar nuevamente la empresa a través de la junta de acreedores que se nombraría para administrar la minera.El decreto de urgencia 61-2009, publicado ayer, decreta que los acreedores considerados vinculados al deudor no podrán solicitar la insolvencia de la empresa ni votar en la junta de acreedores, que es el órgano que administra la empresa por reestructurar. El ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, indicó que esta norma no se ha dado para el caso específico de Doe Run. Sostuvo que se trata de una norma genérica porque en una situación de crisis muchas empresas solicitan la reestructuración ante Indecopi.