Al cabo de siete meses de sesiones reservadas, la comisión del Congreso que investiga la ilegal interceptación telefónica en el país no tiene conclusiones certeras ni menos aun señala responsabilidades concretas.Del repaso del informe preliminar del grupo investigador que preside el congresista Oswaldo Luizar (Bloque Popular) -y que fue aprobado por el pleno simultáneamente con el otorgamiento de 180 días más de plazo para terminar con las pesquisas- se advierte generalidades en la parte de las conclusiones.Por ejemplo, el documento señala que existen "indicios razonables" para afirmar que las interceptaciones telefónicas "son organizadas, planificadas y sistematizadas por grupos especializados en inteligencia, con el propósito de obtener información clasificada y privilegiada".