El proyecto de ley que otorga a los trabajadores de las azucareras el derecho preferente de compra de las acciones que aún tiene el Estado en esas empresas perjudicaría a Essalud, a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y a Fonafe, pues no podrían obtener la máxima rentabilidad por esos valores, ya que tendrían que ser vendidos solo al precio base.Este hecho no tendría mayor importancia si no fuera porque las acciones que tienen las tres entidades provienen de la capitalización de las deudas de las azucareras por los aportes e impuestos dejados de pagar desde la reforma agraria hasta 1995.Según Pro Inversión, de promulgarse esa iniciativa esas acciones serían vendidas sin que exista competencia entre postores para ofrecer un mejor precio.