Cuando un grupo de empresas mineras -hace mes y medio- salvaron a la minera Doe Run de un inminente colapso financiero otorgándole un crédito financiero por US$ 175 millones -US$ 100 millones en concentrados y US$ 75 millones en crédito bancario que servirían como capital de trabajo-, Doe Run se comprometió a capitalizar sus deudas por US$ 156 millones y a entregar al Estado el 100% de sus acciones en garantía por el cumplimiento de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), sin embargo, a puertas de cumplirse el plazo la empresa no ha cumplido con ello. De persistir la minera de La Oroya con su actitud transgresora los más afectados serían los más de 3,500 trabajadores que laboran para la empresa, quienes se quedarían literalmente en la calle.Para el especialista en temas mineros Epifanio Baca, este nuevo incumplimiento de sus compromisos por parte de Doe Run "ratifica el comportamiento poco cumplidor y transgresor de la minera". Precisó que dicho acuerdo entre Doe Run con las empresas que le otorgaron el crédito va camino al fracaso, es por ello que pidió al Estado intervenir en el problema -a pesar de tratarse de un acuerdo entre privados-, ya que de no hacerlo, advirtió, los más afectados son los miles de trabajadores mineros de la empresa. Recalcó que el Estado debe dejar de lado su papel pasivo en este problema y presionar a Doe Run para que cumpla sus compromisos. "A todas luces esta empresa no tiene capacidad para seguir adelante", enfatizó.