Fue el acto más irracional y patético cometido en nuestro país en los últimos tiempos. Pero hoy los peruanos tenemos motivos más que suficientes para repudiar con la mayor dureza el cruel asesinato del alcalde de Ilave, Cirilo Robles Callomamani quien, según la contraloría, era inocente de todos los cargos formulados en su contra.Hoy no basta con llorar sobre la sangre derramada. ¿Quién devuelve la vida al alcalde? ¿Quién se responsabiliza por los vejámenes perpetrados, la vergüenza pública y las supuestas pruebas de una acusación que, aparentemente, se había montado para hacerlo aparecer culpable? Los informes de la contraloría son claros: Hubo malos manejos de los recursos edilicios de Ilave, pero Robles no tuvo responsabilidad en ninguna de las dos denuncias que enarbolaron sus asesinos y detractores.¿Entonces quién se preocupó por atribuir al alcalde culpas ajenas, politizar los delitos y movilizar a cientos de personas que se refugiaron impunemente en la Fuenteovejuna? Los culpables tendrán que responder ante los tribunales, así como el Gobierno debería cumplir sus deudas pendientes con una zona tan abandonada desde hace décadas por el Estado. Prueba de ese abandono es el poco apego que la contraloría tiene para su propia descentralización.De otra manera no se entiende por qué, recién al cabo de un año, esta institución declara la inocencia de un funcionario asesinado salvajemente por delitos no probados. ¿Un poco tarde, verdad?