Los ex ministros de Energía y Minas Jaime Quijandría y Carlos Herrera rechazaron las conclusiones del informe parlamentario que indica que ambos permitieron que la empresa Petrotech defraudara al Estado y que recomienda su inhabilitación política hasta por diez años. No descartaron, además, que detrás de esta acusación se escondan intereses políticos.En la referida investigación se señala que en 1993, cuando se licitó el denominado lote Z2B a favor de Petrotech, Quijandría habría actuado como un facilitador de los intereses de la citada empresa, desde su puesto en el Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada de Petromar (Cepri). Cabe precisar que, hasta 1993, Petromar tuvo bajo su administración el lote Z2B, ubicado en el mar de Talara.Es más, en el mismo informe se dice que Quijandría llegó a afirmar que el concurso público "estaba virtualmente terminado", a pesar de que no se conocían las bases del mismo. Según la investigación parlamentaria, Quijandría actuó así porque ya conocía de la oferta de Petrotech. En conversación con Perú.21, Quijandría negó esta versión y sostuvo que dejó la Cepri tres meses antes de que Petrotech ganara el concurso público y que no firmó ningún documento relacionado con esta licitación. (Edición domingo).