Como correspondía, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) ha depuesto el llamado a la insurgencia en torno al cual había convocado a los pueblos amazónicos, así como la huelga y el bloqueo de carreteras que inició hace un mes. La intermediación de la Defensoría del Pueblo ha sido, sin duda, fundamental para sofocar un conflicto que aún no se ha resuelto y que corresponderá a las partes involucradas solucionar por el bien de todos.Es claro que los mecanismos de presión utilizados hasta ahora por quienes representan a los pueblos étnicos estaban no solo equivocados, sino que colocaban a los pueblos indígenas fuera del Estado de derecho. En principio, si bien la Constitución ampara el derecho a la insurgencia, lo hace para respaldar al ciudadano ante gobiernos usurpadores y aquellos que asumen funciones públicas violando el orden constitucional y las leyes. Esto fue explicable en el peor momento del fujimontesinismo, pero no lo es bajo una democracia que garantiza la huelga y la discrepancia, siempre que no afecte el orden público ni los derechos de los demás.Por ello, siguiendo la línea marcada por la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, el siguiente paso debería ser reanudar el diálogo. Como adelantó el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simón, el Gobierno se ha comprometido a levantar el estado de emergencia apenas culminen los bloqueos de carreteras que -como está establecido- constituye una medida que nuestras leyes penalizan y con severidad. De manera que no habría ya motivos para mantener la confrontación en un tema complicado y serio que debe solucionarse en la mesa de diálogo sin más dilaciones, a fin de evitar más radicalismos y, sobre todo, porque hay asuntos pendientes sobre los cuales se debe concordar, derivados de los llamados decretos legislativos de la selva y madereras, que según los indígenas amazónicos vulneran sus derechos.Al respecto, es indispensable que el Congreso halle salidas a esos reclamos con vocación de diálogo y de aclarar las dudas y la falta de información que existe sobre algunas disposiciones, como la Ley de Recursos Hídricos. Y también que los representantes de Aidesep concurran a la negociación con la mayor disposición, sin sesgos ni actitudes politizadas de ningún tipo.