El proyecto de ley que pretende limitar la extensión de la propiedad agrícola en la costa, presentada por el Apra, ha suscitado muchas críticas antes de ser debatido en la comisión respectiva del Congreso. El tema es bastante complejo y sensible, teniendo como antecedente los nefastos resultados de la Reforma Agraria de 1969 que también fijó límites a las tierras agrícolas. Por ello debiera ser tratado con suma objetividad y transparencia.Hay varias cuestiones por esclarecer: ¿Es la concentración de la tierra un problema para el Perú? ¿Por qué fijar como límite de extensión 40,000 ha. y solo en la costa y a las tierras agrícolas y no en todos los sectores y regiones? No se conoce el grado actual de concentración de la propiedad de la tierra agrícola (el último censo agropecuario fue en 1994), pero el proyecto argumenta que se debe evitar la formación de latifundios. En realidad ya existen grandes propiedades agrícolas (que van de 1,000 a cerca de 40,000 ha.) y son el resultado de un proceso que se inició en 1995 cuando se eliminó todo límite a la extensión de la propiedad agrícola, y que fue impulsado por diversos factores, entre ellos la venta de tierras (impulsada por el propio Estado), de los grandes proyectos de irrigación (y eriazas), o la privatización de las empresas azucareras, para promover la agroexportación. El proyecto también propone limitar la extensión de la propiedad agrícola directa e indirecta, es decir, por grupo económico ó de empresas vinculadas. El objetivo sería evitar la posición de dominio de mercado que puede traer la concentración de la propiedad, con lo cual renace la idea de establecer un control previo para las concentraciones empresariales (en general), como los que ya existen tanto en EE.UU. como en Europa.Esta posibilidad es mayor ahora ya que el presidente del Indecopi afirma que operativamente es mucho más conveniente establecer un control previo que hacer un control posterior de la concentración de la propiedad.Consideramos que es momento de iniciar un amplio debate a fin de sopesar los efectos económicos, sociales y políticos de una medida como la que propone el referido proyecto de ley.
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